Les abrimos las puertas al lugar en el que los candidatos presidenciales compran votos para lanzar su candidatura. En este maravilloso lugar donde se asesinan a decenas de periodistas año tras año y no pasa nada. Bienvenidos al país en el que los autores de los peores desfalcos al Estado terminan siendo las víctimas de “persecución” política. Esta es nuestra amada Nación, donde los magistrados pueden estar ausentes y sin poderlos destituir de su cargo por irregularidades, porque no han aparecido en meses, aunque aún sigan ganando sus abundantes sueldos. Siga a Colombia, que aquí, por grave que haya sido su delito, puede obtener casa por cárcel, o, incluso, quedar libre por vencimiento de términos. Parecería una ironía, pero no, estamos en Macondo.

No en vano Miguel, Manuel y Guido Nule demandaron a la Nación porque estaban siendo perseguidos luego de haber sido condenados por el carrusel de las contrataciones en Bogotá. Después de recibir varios miles de millones de pesos para gestión pública, se repartieron los proyectos, hicieron una mafia de contrataciones y se desapareció el dinero como en el acto más prodigioso de magia. Hoy en día, luego de ser condenados a 19 años de cárcel y el pago de una suma de dinero que se calcula no es más del 10% del que no sé sabe dónde está, exigen una suma de 1,5 billones de pesos al Estado y a la Fiscalía. Como dice el dicho: “Tras de ladrón, bufón”.

Esto no es lo único que sucede en Colombia y, particularmente, en la política. Podríamos mencionar el caso del Fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. El ex director de esta unidad está acusado de lavado de activos y soborno, pues Moreno recibió 10.000 dólares de coimas por parte del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien se encuentra en Estados Unidos como testigo por el desfalco de regalías en el departamento de Córdoba, una olla que va a destapar a más de medio país. A pesar de todo, el ex fiscal no tendría una condena superior a los 4 años de cárcel, pues es un “padre de familia de buenas costumbres, pero el destino le jugó una mala pasada”, como lo afirmó su abogado. ¡Qué ironía! que el hombre que debe velar por la transparencia en los procesos y actuares del país haya recibido menos tiempo de condena que una persona que se roba un celular.

La corrupción va muy ligada a la impunidad y Colombia es experta en este tema. Según el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, solo el 1% de los casos llega ante un juez y a una condena, algo que no se nos hace extraño en nuestro amado país. Uno de estas situaciones es la de Luz Mary Guerrero, dueña de la empresa de giros y recaudo, Efecty. Guerrero estaba bajo detención domiciliaria desde octubre del año pasado por tener vínculos con los llamados “Panama Papers”, pero luego fue dejada en libertad por vencimiento de términos para seguir la investigación y su posterior condena. Este es sólo uno de los cientos de casos que se presentan, porque esto de cometer ilegalidades y salir como “Pedro por su casa” ya es costumbre nacional.

En Colombia hay más que robo de dinero y escándalos políticos, también las personas que denuncian este tipo de conductas pagan el precio por su buena labor. Según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), solo en 2017 se vieron afectados más de 300 periodistas por amenazas y, como ya es costumbre, estos casos se quedan en denuncias archivadas. En estas situaciones no solo callan al periodista, sino que lo asesinan, y, peor aún, dejan un estigma al tratar de denunciar las injusticias que se presentan en el país. La FLIP también evidencia los más de 150 periodistas que fueron asesinados, casos que están y quedarán en la impunidad. Aunque lamente decirlo, esta situación va a seguir ocurriendo por muchos años, debido al deficiente sistema judicial.

Pero, ¿qué esperar del país donde los candidatos presidenciales compraron firmas para su candidatura? No hablamos de delincuentes de calle que andan por ahí atracando personas, sino de respetados y honorables ex senadores, ex gobernadores e, incluso, algún ex vicepresidente. Hasta participa un ex procurador que la mitad de sus firmas para su candidatura fueron anuladas por la Registraduría. Y, como lo mencionaba Antonio Caballero en su columna de la revista Semana titulada “Concurso de Tramposos”, todos estos candidatos tienen en su plan de gobierno combatir la corrupción y las ilegalidades. Entre coscorrones y títeres no se sabe cuál es peor.

A pesar de todos los grandes casos de injusticia, corrupción e impunidad que permean a la sociedad y a la política colombianas, los ciudadanos de a pie no nos quedamos atrás. Este tipo de prácticas comienza en la casa o en el salón donde estudiamos. Creemos que, por mentir a nuestros padres, hacer trampa en un examen o colarnos en algún lugar, no le estamos haciendo mal a nadie, pero para nuestra mala fortuna esa es la mala costumbre que practicamos en todas las clases sociales. Cada uno contribuye a que cada día sea más normal que los políticos roben, haya inseguridad en las calles, no se pueda confiar en nada ni en nadie y más cosas que consideramos normales porque pasan día a día.

Todo esto debe cambiar para las futuras generaciones, desde la cuna y el hogar. Todos deberíamos tener a nuestros maestros en casa para que en los próximos años no comamos entero y creamos que, porque algo es normal y pasa muy seguido, está bien. Debemos crecer con bases morales y éticas fuertes, que independientemente de nuestra edad, siempre primen. Aprender desde pequeños a no mentir, ni hacer trampa, porque esos actos y “mentiritas piadosas” se convierten con el tiempo en los nuevos carruseles de contratación, los nuevos fiscales anticorrupción o demás sinvergüenzas que andan por ahí. No sólo los políticos cometen desfalcos e injusticias, los ciudadanos también lo somos y podríamos ser peor que de los que tanto nos quejamos.

¿Cómo serán las nuevas generaciones en unos años si seguimos así? No dudo que cada vez van a robar más sin ninguna vergüenza.