Finalizando enero de 2024, frente al centro comercial Salitre Plaza en Bogotá, llamó la atención el humo que despedía una moto en llamas. Circularon algunos videos en redes donde se veía a un presunto ladrón sentado en el piso, herido en la cabeza, junto a esa hoguera motorizada.  

Unos días antes, un joven de 19 años, en Soledad, Atlántico, fue pateado y golpeado con palos y piedras después de un presunto atraco. Llegó sin signos vitales a la clínica Adela de Char. 

La “paloterapia”, una manera burlesca de denominar a las agresiones grupales a delincuentes, se manifiesta reiteradamente en distintas ciudades de Colombia. No es complicado entender por qué la gente recurre a esto. La ineficiencia judicial representa un problema bien conocido en el país, y muchos crímenes quedan impunes por lo engorroso del proceso de generar una denuncia, además de lo tardado que resulta evacuarlas. 

La ley respalda la lentitud del proceso penal colombiano. Una vez se impone la denuncia y se crea la noticia criminal, la Fiscalía cuenta hasta con dos años para indagación e investigación antes de imputar cargos y llevar el caso a conocimiento de un juez penal. Los procesos siguientes se limitan por el vencimiento de términos, pero esto no desvincula a los procesados, sino que los deja en libertad el resto del proceso. No existe un límite específico para la duración de éste, pues se asume que el aparato judicial no puede garantizar una eficiencia por la enorme cantidad de procesos.  

Según datos de la Fiscalía, la proporción de noticias criminales por hurto mensuales durante el año pasado (es decir, los hurtos puestos en conocimiento de la Fiscalía) respecto a la ejecución de penas por ese delito nunca llegó al uno por ciento. Para años anteriores, las tasas más altas de ejecución de penas llegan al cinco o seis por ciento. Es decir que dichos procesos se quedan en otras etapas del proceso penal, como la etapa de indagación, en donde se registra mayor porcentaje según el total de noticias criminales. A pesar de crearse muchos procesos, muy pocos llegan a feliz término.  

Sin embargo, los constantes casos de golpizas y linchamientos a criminales no delatan solo un problema de ineficiencia judicial, sino una falla cultural en la concepción de la justicia.  

La justicia en Colombia parece concebirse como un proceso de venganza y humillación, más que uno de restauración y reinserción. Basta nada más revisar algunas de las interacciones en X respecto al reciente robo en Transmilenio a un joven deportista. Varios usuarios han compartido los rostros de los atracadores y dan aviso para que en caso de ser vistos se les “calibre”, “resocialice”, o algunos otros eufemismos de violencia. Aunque por la ira sembrada con este tipo de actos se deduce por qué hay inclinación a la violencia, y es consecuente con el sometimiento a la inseguridad sufrido por la población, el estado termina por contribuir a esta percepción, con su pésimo sistema judicial y carcelario y su incapacidad de rehabilitación de condenados. 

Debemos preguntarnos como sociedad qué tipo de justicia necesitamos. Desde la razón, no tanto desde el corazón. Si bien el objetivo de la captura de quienes infringen la ley es aislarlos preventivamente para que no sigan delinquiendo, no tiene sentido si no se busca que estas personas reingresen a la sociedad como buenos ciudadanos. Así, solo se está poniendo en pausa el crimen en potencia. Y para los casos de hurto, se trata de una pausa bien corta. 

El estado debe trabajar en modelos de educación y servicio social para los infractores, pero sobre todo garantizar oportunidades de una vida distinta a estos que ya han caído en malos caminos. 

Valdría la pena revisar algunos modelos existentes. En España, por ejemplo, el programa REINCORPORA ha logrado que tres de cada cuatro participantes se reintegren. Este modelo incluye la capacitación en labores solicitadas por el mercado, acercamiento personal para potenciar fortalezas y motivar a los presos a trabajar, trabajo social con la comunidad y prácticas en empresas.  

Puede que como colombianos este tipo de programas nos parezcan lejanos, mucho más planteando esto en un contexto en que la justicia por mano ciudadana resulta recurrente. El primer paso sería decidir si como sociedad estamos dispuestos a brindar estas oportunidades.