Cada dos segundos, una niña es obligada a casarse en el mundo. Si bien la frecuencia con la que se realiza esta práctica se ha reducido, el matrimonio infantil sigue siendo generalizado. De hecho, la Unicef proyecta que, en la próxima década, 140 millones de niñas serán forzadas a contraer matrimonio. Aunque parezca difícil de creer, en Colombia aún es vigente esta aberrante costumbre. Lo más aterrador no es solo que se invisibilice la problemática, sino que se ha tratado con poca diligencia.

En Colombia, los menores de edad, con autorización de sus padres, pueden casarse desde los 14 años de manera libre y consensuada con otro adolescente o un adulto. Esto se permite gracias a una excepción en el artículo 117 del Código Civil que prioriza la autonomía y libertad de decisión de los jóvenes, pero ¿realmente estos menores toman la decisión a conciencia?

Los contextos de vulnerabilidad, pobreza, desempleo, desescolaridad y violencia son factores que promueven las uniones tempranas que, al final, terminan siendo decisiones obligadas indirectamente por las condiciones psicosociales en la que viven los menores. Es por esto que la mayoría de las uniones se dan bajo una falsa idea de consentimiento.

Según la última Encuesta de Demografía y Salud (EDS), en Colombia, el 17% de las uniones entre parejas involucra a adolescentes de entre 13 y 19 años, y ocho de cada diez son mujeres. Si lo discriminamos según la condición social, encontramos grandes diferencias entre las mujeres que viven en zonas urbanas (14,5 %) y rurales (25,7 %). Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indica que el 55% de las mujeres que tuvieron una convivencia temprana se dedican al trabajo no remunerado en casa y están por fuera del sistema educativo.

Otro factor que motiva el matrimonio infantil tiene que ver con los abusos físicos, sexuales y psicológicos de los que son víctimas los infantes en sus hogares. El año pasado, el ICBF abrió 38.900 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencias, de los cuales 28.700 fueron de tipo sexual y el 89% contra niñas. La magnitud de los números refleja que estos adolescentes identifican su casa como un entorno inseguro y se casan tempranamente como escape. La consecuencia más evidente radica en que los menores deben vivir situaciones para las que no están preparados y, por ende, reproducen ciclos de precariedades.

Desde el 2020, el matrimonio infantil se incrementó como consecuencia de la pandemia y la migración. La Unicef detalló que en estos entornos las niñas, niños y adolescentes quedan más expuestos a las probabilidades de convivir con una pareja o que sus familias los fuercen a casarse como opción para aliviar las dificultades. Asimismo, acentúa la vulnerabilidad de los menores, quienes suelen ser olvidados por la invisibilización de su situación.

En efecto, que pase desapercibido permite que este fenómeno siga ocurriendo. El subregistro de las uniones conyugales de hecho entre menores imposibilita que se haga seguimiento oportuno a los casos. Las familias suelen hacer el registro cuando necesitan acceder a algún subsidio; de lo contrario, el matrimonio no se sella por notaría. Debido a estos casos de convivencia en unión temprana, en 2021, en el país, 373 niñas menores de 14 años quedaron bajo la protección del ICBF.

Para romper la continuidad del matrimonio infantil, es necesario eliminar la creencia de que casarse es la solución para salir de la pobreza. El trabajo pedagógico junto a los menores permitirá reconfigurar los valores de la arraigada desigualdad de género; esto fortalecerá su autonomía y capacidad de desarrollarse. Igualmente, es necesario que la Corte Constitucional modifique la norma que permite estas uniones a temprana edad.

Sin embargo, el actuar de esta entidad judicial ha sido ineficiente. En 2004, se estudió una demanda contra el artículo, que databa del siglo antepasado, en este, se disponía que las niñas podían casarse cumplidos los 12 años. La Corte dejó sin vigencia el artículo al considerar que atentaba contra el derecho a la igualdad de las mujeres en edades tempranas. Ante esto, se tomó la decisión de prohibir las uniones entre menores con una excepción: Los niños y niñas desde los 14 años podían unirse en matrimonio, siempre y cuando contaran con la autorización de sus padres. Este vacío jurídico lo único que logró es que durante los años siguientes se continuara perpetuando patrones de desigualdad y violencia.

Ya en 2015, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño manifestó su preocupación por la excepción. Como respuesta a este reclamo, un proyecto de ley en el Congreso buscó derogar el artículo. Además, el articulado pretendía crear una política pública para sensibilizar y divulgar las consecuencias del matrimonio y las uniones maritales con menores de edad. No obstante, estos esfuerzos no lograron su cometido.

Finalmente, en 2021, se interpuso una demanda por el abogado Camilo Ortega, quien contaba con el respaldo conceptual del Instituto de Bienestar Familiar y el ministerio de Salud. Pero la Corte Constitucional, el pasado 22 de febrero de 2022, se inhibió de proferir una decisión sobre la edad mínima para contraer matrimonio en Colombia. En una nota de prensa, la Corte informó que se inhibió por “ineptitud sustantiva”. Es decir, porque no les es posible hacer control judicial sobre la demanda interpuesta.

El matrimonio infantil contradice los derechos a la vida, a la salud física y mental de los menores.Asimismo, dificulta que estos puedan acceder a la educación debido a que imposibilita el establecimiento de un proyecto de vida propio, libre y pleno. Con el aumento de las cifras de uniones entre niños y niñas, se expone cómo los principales organismos que, se supone, son los encargados de velar por el respeto y la dignidad humana, no actúan en concordancia. Es inaceptable que los niños y niñas estén sometidos a prácticas como estas. Ellos son el reflejo de una sociedad en la que prima el silencio y la vulneración de derechos, antes que las garantías fundamentales.