El gobierno chino es reconocido como una gran potencia, pero también es autoritario, con fuertes restricciones en muchos ámbitos, especialmente en lo que respecta al uso de Internet, a la libertad de reunión, prensa, religión y derechos reproductivos. Estas medidas de control sobre la población se escudan en el hecho de que son para “frenar la criminalidad y garantizar la seguridad de las personas”. Pero la realidad es que esto solo ha transformado el respeto en miedo y el mutismo en la solución para no recibir una amenaza por denunciar al régimen.

Lo anterior se ha visto reflejado en el hecho ocurrido en marzo de este año, cuando un grupo de varias mujeres fueron abusadas y violadas en los campos de detención China y escaparon para denunciar estas atrocidades. Pero al hacerlo, han sido amenazadas; sus familias, secuestradas y torturadas por las autoridades. Muchas personas han optado por huir, en su mayoría a los Países Bajos, pero ni allí se encuentran seguras.

Ese es el caso de Qelbinur Sedik, una mujer que, luego de ser liberada de un campo de detención en Xinjiang, dejó China para viajar a los países bajos donde vive en una casa con otros hombres y mujeres refugiados. Qelbinur, que intentaba vivir una vida normal, un día recibió una videollamada de su hermana, pero, al responder, un oficial chino le contestó entre burlas. El oficial le sugirió quedarse callada porque ellos tenían a su familia, en consecuencia a que, dos semanas antes, ella, en compañía de otras mujeres, hablara con la BBC contando lo que vivieron en esos escalofriantes campos de tortura.

Esta no era la primera vez que llamaban para amenazar a Qelbinur, por lo que tomó una captura de pantalla y, aunque el oficial se quitó su chaqueta para no ser detectado, ya había quedado la prueba. Al igual que ella, muchas otras personas han dejado Xinjiang y se encuentran en la misma situación de hostigamiento, difamación y amenazas. Esto ha puesto en evidencia al gobierno chino y ha llamado la atención de todas las organizaciones en pro de los derechos humanos.

Según un estudio realizado por la ONU, China ha detenido a más de un millón de uigures (personas que viven en el noroeste de china), chinos y musulmanes en campamentos en Xinjiang. El Estado chino ha sido acusado de una serie de abusos, incluyendo trabajo forzado, esterilización, tortura, violación y genocidio. China niega las acusaciones, diciendo que sus campamentos son instalaciones de "reeducación" para combatir el terrorismo.

No obstante, como si las amenazas no fueran suficientes, algunos han sido públicamente difamados en ruedas de prensa o videos estatales; o han sido sujetos a un bombardeo de mensajes o intentos de hackeo dirigidos a sus teléfonos. Hace unas semanas, Facebook informó que había descubierto "una operación con un objetivo extremadamente directo" realizada por la policía local de China y los funcionarios de seguridad del Estado, para hackear las cuentas de activistas y uigures en el extranjero.

El gobierno chino, al verse en una encrucijada por estas acusaciones, ha optado por atacar públicamente a las víctimas y más específicamente a mujeres, mostrando sus fotografías en ruedas de prensa y catalogándolas de “mentirosas”, “moralmente depravadas”, “escoria” o “perras de baja calidad moral”. Y mientras ese régimen se sigue fortaleciendo, el derecho a la libertad de expresión, al poder defenderse y ser protegido se disipa, dejando la dignidad humana por el suelo.

El totalitarismo que comenzó en China como una idea para poder “velar por las necesidades de la población” se convirtió en el medio para hacer de la miseria algo equitativo. Según reportes de Amnistía Internacional, un movimiento y medio digital para revelar datos y noticias de interés mundial, pese a lo que estipulaba la Constitución China, sus compromisos y obligaciones internacionales, el régimen de Xi Jinping ha continuado con la persecución de activistas y defensores de los derechos humanos, con un incremento en el último año. Estos fueron sometidos sistemáticamente a hostigamiento, intimidación, desaparición forzada, detención arbitraria e incomunicación con largas condenas de prisión.

Estas constantes violaciones de derechos humanos se han visto agravadas por la ausencia de un poder judicial independiente y de garantías procesales efectivas. Se ha negado el derecho a la libertad de circulación a numerosos abogados en pro de las víctimas, y se les impidió reunirse con las personas acusadas acceder al material de los casos y representarlas. Por ende, ninguna víctima ha podido defender su inocencia y, más que eso, su dignidad.

Dalai Lama una vez dijo: “La paz sólo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen qué comer y cuando los individuos y las naciones son libres”. El líder espiritual se refería, en ese momento, a que una nación solo llega a alcanzar la grandeza cuando se respeta la dignidad humana de su pueblo. En un país donde no hay libertad, se cuestiona la verdad, la justicia y el honor de quienes los representan; un país en el que se priva a las personas de sus derechos es una amenaza a la justicia en todas partes.