"Vendido para cubrir el déficit presupuestal”, eso dice el letrero que está en las ruinas de la Universidad Nacional de Colombia o, mejor, en el único recuerdo que le queda a Miguel, estudiante de arquitectura, del edificio en el que solía estar su facultad, que hace seis años dejó de funcionar por problemas de infraestructura, y que hace cuatro fue derrumbado porque en cualquier momento iba a caerse.

​

Tres edificios diferentes, entre ellos unas bodegas que están destinadas a ser un hospital, y que pronto tendrán que desalojar, conforman la nueva facultad de artes, que en mucho tiempo no ha tenido la oportunidad de reunirse porque hasta el momento no hay señales de que construirán de nuevo el edificio que tuvo que ser derrumbado.

​

Sin embargo, Miguel y algunos de sus compañeros decidieron asistir al Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior que tuvo lugar en septiembre y que reunió a universitarios de todo el país para discutir las posibles soluciones para la crisis que viven.  La conclusión más importante es que se necesitan acciones inmediatas del Gobierno que permitan que las universidades públicas se mantengan y puedan brindar una educación de calidad.

​

Las peticiones de alumnos, profesores, y administrativos, no son nuevas. Desde hace años la preocupación ha venido creciendo por el abandono a las universidades estatales y, en este punto, ya se ha convertido en una angustiosa necesidad, porque la mejor virtud de los rectores -administrar bien lo poco que tienen- ha sido también su mayor defecto, ya que al ver que las universidades se mantienen en los mejores puestos en Latinoamérica, se da por hecho que están en perfecto funcionamiento.

El inicio del fin

​

Según Beethoven Herrera, profesor de la Universidad Nacional y experto en economía, la crítica situación que viven hoy las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas es una consecuencia, principalmente, de la Ley 30 de 1992. Esta determina en el artículo 86 que dichas instituciones recibirán anualmente aportes financieros, del presupuesto nacional, con un incremento basado en el índice de precios al consumidor (IPC), lo cual quiere decir que las contribuciones se actualizan únicamente para mantener el valor del dinero en el tiempo, pero sin tener en cuenta el crecimiento de las universidades.

​

El número de estudiantes, la planta docente, la oferta de programas tanto de pregrado como de posgrado, los grupos de investigación, entre otros aspectos que han aumentado con el paso del tiempo; están siendo financiados exactamente con el mismo dinero de hace treinta años.

​

La educación pública ha incrementado aproximadamente en un 200% su cobertura a pesar de la desfinanciación. Para el año pasado, según datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), la Universidad Nacional contaba con 53.871 estudiantes, la Distrital, con 26.280 y la Pedagógica, con 9.663, lo que representa que, solo en Bogotá,  89.000 personas reciben formación por parte de estas instituciones, quienes la ofrecen a punta de recursos propios: consultorías, donaciones de privados e incluso préstamos.

​

Daño colateral

​

“Quiero invitar a todos mis estudiantes a que se manifiesten, de manera pacífica, para que sigamos defendiendo la educación pública que es tan importante”, dijo Dolly Montoya, rectora de La Nacional. Y es que no se necesita un recorrido completo en una universidad pública para entender por qué los alumnos exigen con urgencia que se les preste atención.

​

El resultado del déficit financiero, que ya está cerca de los 16 billones de pesos, es un panorama difícil para todos los que conforman las instituciones estatales. La falta de recursos se ve reflejada en todos los factores posibles y, tal como lo afirma el Estudio del Déficit de Las Universidades Públicas, que realizó el Sistema Universitario Estatal (SUE), las Universidades deben priorizar sus gastos y atender, en primera instancia, los que son de obligatorio cumplimiento como la contratación de personal, las transferencias de ley, los servicios públicos, impuestos, entre otros.

Lo anterior resulta en la postergación de la construcción de los edificios que albergan facultades como la de Miguel, dado que no alcanzan los recursos para equipar la planta física. Lo más preocupante es que muchas otras facultades están sufriendo problemas grandes de infraestructura, y tener que derrumbar otro edificio solo agravaría la situación económica y, lo más importante, la calidad de la educación que se le brinda a los estudiantes.

​

Por otro lado, y no menos preocupante, está la situación de los docentes, quienes parecen resistir más por amor a sus estudiantes que por otra causa. En los últimos años se ha implementado la figura de profesor ocasional en las universidades públicas, lo cual representa, en palabras simples, que reciben un salario durante ocho meses del año, mientras que los cuatro meses de inactividad académica no tienen ningún ingreso. Existen profesores ocasionales que han trabajado bajo esa figura durante diez o más años.

​

Los esfuerzos de las públicas por crecer son evidentes, pero, lastimosamente, el progreso de la universidad parece convertirse en un arma de doble filo, y así lo comprueba el Informe de Educación Superior en Iberoamérica, realizado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), en el 2016, cuando dice que, a la final, las universidades de un desarrollo relativo mayor terminaron con desequilibrios graves y explícitos en materia de laboratorios deficientes, tecnología y comunicaciones, y limitaciones serias en diversos factores.

​

Actores secundarios

​

Si bien es cierto que la mayor parte del hueco financiero de las universidades estatales se debe a la ley ya mencionada, también es cierto que, además, se han tomado decisiones que solo empeoran la situación de las instituciones oficiales.

​

Según Cristián Reyes, representante de la Asociación Colombiana de Estudiantes (ACEU), en el 2000, ICETEX tenía el 2.1% del presupuesto público para la educación superior, en el 2017. Dicho presupuesto ascendió al 20.1%. Cabe recordar que ICETEX brinda créditos educativos que financian, en su mayoría, a los estudiantes que ingresan a universidades privadas.

​

En la otra cara de la moneda, está el programa Ser Pilo Paga que, según Carlos Hernando Forero, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) acudió a algunas fuentes que estaban destinadas a la financiación de la educación superior pública.

​

Cerca de dos billones de pesos fueron usados para sustentar el programa que, por disposición de la nueva administración, está próximo a acabar. Sin embargo, el hecho de que el programa sea reformado o cambie, no significa que los recursos serán direccionados completamente a las universidades públicas ya que, de igual forma, se debe proponer un programa de mérito para el acceso a la educación.

​

Respecto a este tema, Cristian señala que incluso, si todos los recursos del programa fuesen a las universidades públicas, no sería posible ampliar la cobertura porque en este momento hay que enfocar todos los esfuerzos en un saneamiento progresivo de los grandes inconvenientes que existen actualmente.

Lo anterior supone un reto para el Ministerio de Educación, puesto que debe continuar con algún programa que premie la excelencia de los bachilleres y, al mismo tiempo, designar buena parte de los recursos a las IES públicas.

​

¿Gasto o Inversión?

​

Beethoven Herrera asegura que está demostrado científicamente que la única vía para llegar al desarrollo, para conseguir movilidad social y para superar la pobreza es la educación. De hecho, países como Dinamarca y Suecia invierten gran cantidad del producto interno bruto (PIB) en la educación de sus ciudadanos.

En Colombia, seis de las diez universidades con más grupos de investigación, son de carácter oficial. La investigación es uno de los factores que más se tienen en cuenta para posicionar una universidad en un ranking de calidad. La importancia y el apoyo que se le da a estos grupos es mucho menor de lo que debería ser, ya que, si las investigaciones en las universidades logran surgir y obtienen buenos resultados como patentes registradas, el PIB crecería.

​

Dicha proporción nos lleva a reformar el pensamiento de que el dinero destinado a la educación superior es un gasto, y permite verlo como una inversión que no solamente activará la movilidad social, sino que dará frutos a nivel económico más adelante.

Sin embargo, el camino para adoptar esta idea parece ser largo. Según el anteproyecto de presupuesto del Ministerio de Hacienda, el dinero destinado a Defensa solo se diferencia de la educación en 6 billones de pesos, es la segunda institución con más presupuesto en el país, incluso en el marco del proceso de paz que se vive en Colombia.

​

En línea con lo anterior, la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, en conversación con un medio radial, aseguró que para la educación superior se tiene presupuestado medio billón de pesos y un aumento porcentual del 1.8% adicional al IPC. Sin embargo, los estudiantes exigen cerca de cuatro billones de pesos de emergencia para el funcionamiento de las IES públicas.

​

Serán muchas las manifestaciones, las asambleas, las reuniones solicitando recursos, y los ceses de actividades si no existen esfuerzos conjuntos para priorizar y ver la educación como el mejor camino para el desarrollo del país.

​

La conclusión a la que llegan profesores, estudiantes, expertos y directivos de instituciones como ASCUN, es que el apoyo a la educación superior pública es una cuestión que se construye, y empieza, en gran parte, con la voluntad política de la administración; voluntad que esté encaminada a brindar a estudiantes como Miguel, la oportunidad de recibir formación en edificios que no estén a punto de caerse, con profesores que cuenten con condiciones laborales justas y en ambientes que permitan su pleno desarrollo.