El 17 de febrero de este año, Alejandro Manugana Cheché, un guardia, líder y médico tradicional indígena, fue asesinado en el resguardo Tahamy del Alto Andágueda en el municipio de Bagadó, Chocó. Los presuntos responsables del crimen fueron integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya que días antes se reportó la presencia de hombres armados que pertenecían al Frente de Guerra Occidental de este grupo ilegal.

Con este y otros hechos, se han sumado 34 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en los dos primeros meses del 2021.

Según La ONU, las personas con este nombre “se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”. Además, deben tener el respaldo del gobierno para cumplir con sus funciones dentro de la sociedad, y en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, se han creado y adoptado diversas normas y reglamentaciones legislativas con el fin de resguardar y proteger los derechos de estos representantes sociales.

Sin embargo, a partir de esta negociación se han registrado matanzas hacia estas personas por distintas causas de riesgo, entre ellas: la intensificación de la pugna por el dominio y control de economías criminales, la lenta estabilización en territorios donde operaba las FARC, la recomposición de los dominios armados en estos lugares, la expansión de cultivos ilícitos, la actividad de grupos armados ilegales y la diversificación de intereses de la criminalidad organizada.

Según Indepaz, se han confirmado más de 1140 homicidios desde la firma del Acuerdo de paz en 2016. Y se conoce que el año con mayor número de víctimas fue el 2020 respecto a años anteriores, sumando en total 310 asesinatos.

Las medidas de prevención, protección y acompañamiento a representantes sociales como Alejandro Maguna no han sido suficientes, pues, si bien, como mencioné anteriormente, el Gobierno Nacional ha acogido medidas de seguridad y ha creado organizaciones de protección para los defensores, la operación de sus funcionarios no ha sido completamente eficiente y han tenido negligencia en su proceder. Por ejemplo, en el año 2018, se adoptó el Programa Integral de Garantías para mujeres Lideresas y Defensoras para construir mesas territoriales de garantías para comunicarse con funcionarios públicos, informar sobre amenazas hacia ellas y evaluar cómo desde el gobierno podían ayudarlas, sin embargo, hasta mayo del 2019 no se había implementado ninguna acción propuesta.

Adicionalmente, el Ejecutivo creó en el 2017 la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) que está dedicada a desmantelar organizaciones criminales que atentaran contra la integridad de los líderes (decreto 154 del 2017), pero organizaciones pertenecientes a la sociedad civil dijeron que esta comisión estuvo en período de inactividad debido a la “falta de voluntad gubernamental” en el 2019. Esta misma entidad se reactivó el 30 de enero del mismo año y sesionó 20 veces más. No obstante, en junio del 2020 el partido Los Comunes nuevamente pidió la efectividad de este organismo, pero esta vez ante el asesinato de excombatientes de Las Farc.

Por otra parte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) es una estrategia de la Defensoría del Pueblo para recolectar, verificar y analizar información de riesgo de la población civil para que las autoridades brinden atención inmediata. Ante este sistema, la población ha denunciado negligencia gubernamental, especialmente en el Cauca (departamento con mayores índices de asesinatos de L.S) en donde se han emitido alertas ante la situación crítica en el Cañón del Micay y hay deficiencias en las respuestas de las instituciones.

Otro mecanismo de diálogo con las víctimas ha sido la Mesa Nacional de Garantías (MNG), en la cual se tiene como objetivo desarrollar planes conjuntos de protección. No obstante, la ciudadanía se ha quejado de la falta de sensibilización de los integrantes de la mesa frente al tema, la dificultad de funcionarios departamentales para convocar estos espacios y el incumplimiento de los compromisos. En el 2020, incluso, se falló una tutela a favor de la protección de líderes y lideresas sociales y el juzgado decidió que estas reuniones deben efectuarse mínimo cada tres meses.

La falta de sintonía de los gobernantes colombianos con los reclamos, los gritos de ayuda y las solicitudes de cooperación ha representado un grave error que ha tenido por resultado que muchos de los hombres y mujeres que defienden a su pueblo, su territorio, sus costumbres y demás, hoy no puedan cumplir sus funciones con plena libertad y tranquilidad. Todos viven con miedo de si lo que dicen o hacen puede ser causa de su muerte, pues no sienten apoyo ni confianza en las entidades gubernamentales.

Si los mandatarios quieren que los casos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se reduzcan y que estas figuras que son de relevancia social retomen la credibilidad en ellos y en la misma institucionalidad, deben comprometerse con ellos, asegurándoles su defensa y protección mediante acciones eficaces y rápidas. Y que más allá de crear leyes a favor de ellos se encargaran de vigilar y garantizar el buen funcionamiento de cada programa de protección e investigación que tenga como materia principal a los influenciadores de cada región y trabajaran en conjunto para mitigar esta preocupante situación, teniendo en cuenta la perspectiva de cada líder o lideresa.