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El pasado 6 de febrero, Luis Villa, streamer colombiano conocido como Westcol, quien en Twitch ha logrado acumular más de 1.4 millones de seguidores, amenazó a un periodista a través de una transmisión en vivo: "Conmigo las cosas no son así. ¿Usted sí sabe de dónde vengo yo? Va a saberlo, si no elimina ese titular”. Después, se dirigió una ola de acoso digital contra el periodista, que tuvo que cerrar todas sus cuentas de redes sociales y cambiar su número de teléfono. Además, otras dos periodistas, en consecuencia de lo afirmado por Westcol, fueron amenazadas de muerte. La violencia ejercida por él y sus seguidores constituye una grave violación del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, este ambiente violento se ha naturalizado evitando que se dimensione la gravedad del asunto.
Tan normalizado ha sido que Westcol, tras un fallo en su contra por parte de la Corte Constitucional por sus mensajes discriminatorios y de odio contra la población LGBTIQ+, atacó por redes a dos periodistas de la Revista Semana, quienes informaron que recibieron más de 100 mensajes que incluyeron amenazas de muerte y de violencia sexual, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
A pesar del contexto, muchos usuarios manifestaban que se trataba de solo “memes” y “de periodistas ardidos”, pero esto no es un chiste. Esto corresponde a un tipo de violencia inaceptable. El ciberacoso contra la prensa es una problemática en aumento a nivel mundial. De hecho, el 26 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció la existencia de la violencia en línea contra periodistas y el efecto diferenciado que tiene en las mujeres. Posteriormente, la Corte Constitucional, el 28 de marzo de 2023, confirmó la decisión de este tribunal. Además, la FLIP registró 82 agresiones de violencia en línea a periodistas en el año 2019; 117 en 2020; 114 en 2021 y 122 en julio de 2022. Debido a esto, se ha generado jurisprudencia que regula el suceso.
En la Sentencia T-087 de 2023, la Corte Constitucional puso en evidencia que el derecho de la libertad de expresión se debe proteger en todos los ámbitos, incluido el digital. Esta precisó: “Si bien las redes sociales implican un mayor riesgo de vulnerabilidad de derechos como el buen nombre, la intimidad o la imagen, ello no quiere decir que el uso de las plataformas implique una cesión de tales garantías. Dado que, como se ha venido reiterando, la protección y límites de la libertad de expresión por medios de alto impacto también aplican a medios virtuales”.
Pero esto es tan solo una muestra de la violencia que fractura al oficio. A lo largo y ancho del territorio, el Estado, particulares y grupos armados han amenazado a diversos periodistas. La FLIP documentó 460 casos de ataques contra la prensa que dejaron como víctimas a 505 periodistas en 2023. También es alarmante conocer que en muchos casos la censura y la amenaza provienen de aquellos que supuestamente velan por el bien común. De acuerdo con la fundación, los mayores agresores fueron los funcionarios públicos, los cuales se hallaron responsables del 27% de los casos. Por otro lado, en 20 de los 32 departamentos se registraron agresiones por parte de grupos armados contra los reporteros.
Para 2024 ya un periodista fue asesinado. Fue Mardonio Mejía, director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo, de San Pedro en Sucre. Como él, muchos han sido silenciados. Por eso, se necesitan medidas más eficientes que permitan ejercer el periodismo sin miedo. Ser periodista no debería ser una decisión de valientes, ni ejercer la libertad de prensa tendría que ser un peligro. Julio Scherer, periodista mexicano, decía: “El periodismo no es blando, como no es tersa la política”. El periodismo incomoda, grita, revela, descubre… El periodismo es poderoso. Así que su naturaleza no puede esfumarse, debilitarse o apagarse a través del miedo infundido por aquellos a los que la verdad les perturba. ¡Ya es hora de que en Colombia informar no nos cueste la vida!