Una clara opción para la recuperación de la economía en Colombia, e incluso para darle un vuelco a la guerra contra el narcotráfico, es la legalización y formalización del proceso de producción y consumo de cannabis para el “uso adulto”, como menciona Juan Fernando Reyes, autor del proyecto en favor de la regulación del consumo y producción de marihuana. Este término se refiere al uso recreativo regulado y delimitado únicamente para mayores de edad. En este, explica Reyes, sería posible no solo apoyar la economía, sino, además, hacer más investigaciones con respecto al producto, las cuales no han podido ser realizadas debido a la prohibición en la que se encuentra inmerso.

En una entrevista realizada por el diario El Tiempo, se menciona que hasta el año pasado y desde 10 años antes “el Estado colombiano ha gastado 88 billones de pesos (…) en la erradicación de cultivos de uso ilícito y esto sin contar el gasto militar y de operativos, el gasto de administración de justicia y el sistema carcelario”. Una enorme cantidad de dinero para una lucha que no muestra grandes indicios de dejar victorioso al Estado colombiano. Esto demuestra la gran necesidad de tomar un rumbo distinto y redirigir la agenda del gobierno con relación al cannabis, ya que hasta este punto se ha despilfarrado más dinero del que realmente poseen las entidades al cargo de estos operativos y no solo eso, sino que también han rivalizado esta situación con la realidad económica del país. De modo que no solo se desperdicia el presupuesto, sino que, además, se buscan alternativas poco convincentes para la inminente crisis económica a la que se enfrenta la nación.

Entre la ciudadanía se toman diversas posiciones con relación a la legalización de la marihuana de uso adulto en Colombia, desde quienes apoyan por completo el proyecto que se está llevando a cabo, hasta aquellos que no están totalmente de acuerdo con manejar este tipo de industrias dentro del territorio nacional. La principal razón en contra de la regulación del mercado de la hierba (por su nombre coloquial) es la posibilidad de que esta, por sí sola, abra el camino hacia el consumo de sustancias más fuertes y/o incite a actos violentos o vandálicos, lo cual es inmediatamente descartado con antecedentes de países cercanos al nuestro como Canadá o Estados Unidos, en donde la legalización del cannabis (en EE.UU. solo unos pocos Estados) ha demostrado la disminución de “el ingreso de sustancias psicoactivas y otros derivados sintéticos mucho más tóxicos para el consumo”, como menciona Reyes en el artículo del Tiempo.

La discusión es más sencilla de lo que parece. La guerra contra el narcotráfico le ha costado a Colombia años de posible crecimiento económico, además de dejar tras de sí ríos de sangre y daños severos al medio ambiente debido a la quema de grandes territorios para impedir la plantación de cannabis en la que estos se encontraban involucrados. Siendo esta situación una realidad y observando el panorama general, la respuesta parece estar frente a las narices del gobierno.

Es importante tener en cuenta la experiencia de los países con relaciones cercanas a Colombia, lugares en los que se ha demostrado la increíble capacidad de esta industria para mejorar exponencialmente la economía, como el ejemplo del Estado de Colorado, donde las cifras demuestran que “desde 2014 hasta 2020, el negocio de la marihuana había generado US$9,8 billones, con ingresos de US$1,6 billones por concepto de impuestos, tasas, licencias y demás gravámenes para el Estado. El negocio no sólo ha beneficiado a los grandes capitales, sino incluso a los pequeños emprendimientos familiares”.

No puede ser verdad que el gobierno colombiano no haya considerado al menos en parte esta posibilidad. El momento de jugar a plantear cambios en proyectos de ley, que durante años no han llegado a nada, se agotó hace tiempo, es hora de tomar acciones verosímiles y pragmáticas.

Viendo en retrospectiva, ya tenemos las bases para hacer de esta la mejor opción para recuperar la economía, gracias al avance que realizó el gobierno, en el año 2016, al regular la industria del cannabis medicinal. De aquí en adelante la cuestión es tomar acciones al respecto, y utilizar los recursos que ya tenemos, para matar dos pájaros de un tiro y mejorar la situación en la que se encuentra el país; más aún con las crisis del COVID-19. 

El Presidente debería considerar la formalización del proceso y manejo de la industria de la marihuana, y aprovechar el gran potencial que esta presenta, recordando que la prioridad es la sostenibilidad del país y evitar la afectación del bolsillo de los ciudadanos.