La violencia en contra de los líderes sociales en Colombia está fuera de control. Desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2018, fueron asesinados 282 líderes y defensores de los DD HH, según informó la Defensoría del Pueblo. Las medidas propuestas y, en teoría, aplicadas por parte de la Defensoría, el Ministerio del Interior y las demás entidades competentes no han cumplido con el objetivo de proteger a estas personas.

En diciembre de 2017, mediante el decreto 2124, se creó el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida con el propósito de contrarrestar la situación de riesgo de los líderes. Según esta legislación, la Defensoría del Pueblo se encargaría de emitir alertas tempranas y, en cuanto el Ministerio del Interior las recibiera, daría paso a las autoridades competentes para adoptar las medidas necesarias. Sin embargo, del 1 de enero al 27 de febrero de 2018 fueron asesinados 22 líderes, según la Defensoría del Pueblo. Teniendo en cuenta que el sistema lleva dos meses funcionando, su efectividad es cuestionable.

Por otro lado, al finalizar la séptima sesión de trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad el 14 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que desde el 2016 la Fiscalía ha identificado a 160 líderes sociales asesinados y ha esclarecido casi el 50 % de estos casos de homicidio. Además, el mandatario anunció que se está trabajando en un decreto que busca pasar de la protección individual a la protección colectiva de los líderes y defensores de DD HH.

Aunque eso representa un avance que, incluso, fue reconocido por Human Rights Watch como riguroso y pertinente, es necesario prevenir, en vez de lamentar, las agresiones (de cualquier tipo) en contra de los líderes. Y tiene que ser rápido, porque al día siguiente del pronunciamiento del mandatario, en la zona del Catatumbo se reportó el ataque a Naín Manzano, líder comunal, presidente de Asojuntas e integrante de la Comité Social Integral del Catatumbo.

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Finalmente, a pesar de que hace más de un año se firmó el Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc, que era señalada como una de las mayores causantes de violencia en el país, el índice de asesinatos de líderes no ha disminuido. Esto es porque, según la Defensoría, hay tres dinámicas que rodean los homicidios actualmente: la expansión del Eln que conduce a enfrentamientos con la Fuerza Pública; la conformación de disidencias de las Farc; y la consolidación de áreas de dominio de los grupos armados.

Hay que actuar de manera rápida y eficaz ante la crisis de nuestros líderes sociales. El Gobierno tiene la obligación de reforzar, de una vez por todas, su seguridad. Al fin y al cabo, ellos cumplen la labor del Estado en los territorios en donde este último se ausenta.