Con el crimen hasta el cuello

Aprovechando la debilidad estatal, las grandes organizaciones criminales de América Latina se expanden por el continente como un verdadero poder de facto. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para derrotar el fenómeno? ¿Es posible pactar con delincuentes comunes, o la única solución es a sangre y fuego?

Ilustración por Erick Retana

Por: Carlos Gutiérrez, miembro de la mesa editorial de CONNECTAS Ocurrió en México a la una de la mañana de un miércoles, en septiembre de 2006. Un grupo de sicarios irrumpió en un bar michoacano, lanzó disparos al techo y vació el contenido de unas bolsas de plástico en la pista de baile. Eran cinco cabezas humanas.

Al día siguiente, la noticia impresionó a toda la nación. Muchos consideran ese hecho como el inicio de la ola de extrema violencia y sanguinaria criminalidad que azota a este país desde entonces. Hoy, aunque parezca increíble, los cuerpos destrozados y embolsados en plásticos negros se han vuelto parte del panorama habitual en el territorio mexicano.

Y lo peor es que estas escenas se han venido extendiendo a otras regiones de América Latina. Tan solo en Bogotá, en lo que va de 2022, han aparecido 23 cuerpos envueltos en bolsas y arrojados en las calles de la capital colombiana. También se han hallado cadáveres en condiciones similares en Guatemala, El Salvador y Paraguay.

Los embolsados son la cara visible y noticiosa de una fuerte crisis de violencia en la región latinoamericana. Una zona que registra la tercera parte de los casos de criminalidad del mundo, a pesar de que concentra solo el 8 % de la población mundial, según datos publicados en 2020 por el Instituto de Estudios Urbanos (IEU), de la Universidad Nacional de Colombia.

Asimismo, Latinoamérica dominó en las ciudades más violentas de 2021. “Los ocho primeros lugares de la lista se ubican en México y la región aporta 38 de las 50 ciudades” que aparecen en el ranking, de acuerdo con InSight Crime. Fredy Rivera, académico y analista en inteligencia estratégica de Ecuador, advierte que es necesario no hablar de una sola violencia en la región, sino de múltiples violencias, con diferentes causas y que responden a problemas multinacionales. “Uno tiene que sacarse del mapa mental la división política administrativa de los países y ver más bien por zonas altas de concentración criminal, que normalmente son en las fronteras”, recomienda.

En un comunicado de prensa, difundido en marzo de 2022, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señaló que en México y América Central las altas tasas de violencia “socavan el presente y futuro de miles de personas en la región”. Además de los “efectos visibles como los homicidios”, la violencia “tiene efectos invisibles profundos: mata en vida a personas, comunidades y familias”, asegura Jordi Raich, jefe de la Delegación Regional de CICR para México y América Central, en el mismo documento.

Estos países tienen un común denominador: el auge de la delincuencia organizada, “que encontró condiciones propicias en la pobreza y la desigualdad y, en algunos casos, en luchas armadas ocurridas en décadas recientes”, apunta Héctor Hernández Bringas, investigador de la UNAM, en un texto publicado en Notas de Población a finales de 2021. Este investigador considera que en Latinoamérica ha surgido una “cadena de valor” en torno a la producción, distribución, tráfico y consumo de drogas. Aunque esta no es la única causa. De acuerdo con su análisis, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades e, incluso, la inestabilidad política y la debilidad de los Estados nacionales, han “jugado un rol relevante” en el aumento de los índices de criminalidad, que incluye pandillas juveniles, delincuencia común y crimen organizado. Resaltan los casos del Cartel Jalisco Nueva Generación, de México, y el Tren de Aragua, de Venezuela, como dos de los grupos más temidos y que han extendido sus redes a lo largo del subcontinente.

Para Gustavo Orozco Lince, politólogo colombiano experto en seguridad y terrorismo, el del crimen organizado es, en realidad, un fenómeno económico. “Lo que vemos es una sucesión de distintas expresiones de este tipo de crimen transnacional con distintos grupos y actividades delincuenciales, en diferentes escalas”, dijo a CONNECTAS. Para identificarlo recomienda, entre otras acciones, seguir la ruta del dinero y acabar con los paraísos fiscales que aún existen en esta parte del continente.

Por su parte, Hernández Bringas agrega que, a diferencia de otros países donde los homicidios son producto de conflictos interpersonales, en América Latina y el Caribe gran parte de la violencia homicida “es de tipo instrumental”. Esto significa que los asesinatos sirven “para alcanzar fines específicos”, como enviar un mensaje macabro a las bandas enemigas y a la sociedad en su conjunto.

A pesar de que algunos gobiernos han implementado medidas para combatir los altos índices de criminalidad, sus esfuerzos han resultado ineficientes. Por el contrario, según el análisis del IEU, “el crimen ha empeorado y las poblaciones carcelarias se dispararon” de tal manera que, en los primeros 15 años del siglo, la escala de homicidios aumentó 12 %. Un caso notable es el de Ecuador, que en los primeros ocho meses de este año registró 145 ataques con explosivos: en uno de los más recientes, en Guayaquil, murieron cinco personas. Las autoridades interpretaron este hecho como una amenaza al Gobierno de ese país.

“Muchas de nuestras sociedades han heredado costumbres en las que la violencia prima como mecanismo para resolución de conflictos y eso se ha exacerbado por gobiernos incapaces de realmente garantizar que la ley sirva como un parámetro de resolución de diferencias”, dice Orozco. Para él, otro factor fundamental a considerar es la enorme desigualdad social, que si bien no puede considerarse la fuente del problema sí agrava la situación.

En todo caso, la debilidad de los Estados latinoamericanos los vuelve “un campo más propicio y más atractivo para la implantación y desarrollo de actividades ilícitas”, escribe Sonia Alda Mejías, investigadora de seguridad y defensa en América Latina, en el artículo “Estado y crimen organizado en América Latina: posibles relaciones y complicidades”.

La académica española también explica que un Estado débil se caracteriza por falta de institucionalidad donde “el crimen organizado, mediante la corrupción, tiene más posibilidades de influir en las decisiones estatales y de lograr la protección de sus representantes”. También señala que este tipo de Estado, a diferencia de uno fallido, tiene la capacidad de garantizar un mínimo de estabilidad, orden e infraestructura, lo que contribuye a su vez al desarrollo de la actividad criminal.

Por su parte, Fredy Rivera va más allá y habla de “Estados emboscados”, es decir, que han sido infiltrados por actores criminales que operan desde dentro y fuera, pero, subraya el investigador, lo hacen con estrategia. Además, dice que el problema en América Latina es sistémico “y a veces la manera de abordar los casos nacionales sigue siendo muy parroquial, muy ejidataria”. Es necesario, recomienda, tomar medidas efectivas. Pero, ¿cuáles?

Dentro de las soluciones, hay gobiernos –como el mexicano– que plantean sacar el Ejército a las calles y militarizar la Policía. Esta opción, sin embargo, para Rivera significa convertir a la inteligencia policial o militar en fuerzas de choque para intervenir; no se les capacita en temas de inteligencia criminal científica, que les brindaría la capacidad de intervención y de prevención rápida. Sin embargo, para el académico y criminólogo español Daniel Sansó-Rubert podría ser lícito recurrir a las fuerzas armadas de los países, pero siempre bajo una dirección civil, no militar.

Otros gobiernos han recurrido a buscar pactos con los grupos criminales para aminorar los índices de violencia. No obstante, como señala Orozco, lo que ha ocurrido en Centroamérica es que “se tolera la comisión del crimen en la medida en que no haya violencia, pero siguen siendo sociedades donde el crimen manda y los pactos abren la puerta para que los criminales manden aún más”. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha planteado, dentro de su política de ‘Paz Total’, negociar unos pactos de sometimiento con los grandes carteles de la droga, lo que ha suscitado críticas de quienes consideran que no es posible llegar a acuerdos con criminales comunes sin socavar gravemente las instituciones.

Cuando la violencia ya está avanzada, advierte Sansó-Rupert, el asunto se parece al cáncer. “No es lo mismo la detección temprana y extirpar el nodo, que es problemático, que cuando estamos en situación previa a la metástasis; nos va a costar más combatirla porque ya está enraizada”, dijo a CONNECTAS. Desde su punto de vista, cuando un gobierno se sienta a pactar con una organización terrorista o criminal, se pone a su misma altura. Así, pues, “si se quiere preservar el Estado como referente, no se puede pactar”, advierte.

De acuerdo con Sansó-Rupert, una de las mayores dificultades para encontrar soluciones que verdaderamente atajen el problema está en los mismos dirigentes latinoamericanos, que hacen “política de partido” en vez de “política de Estado”. Es decir, realizan acciones que les reporten votos, pero no atienden lo que la sociedad necesita. La otra falla, desde su punto de vista, es una “falta de visión estratégica”, pues el crimen organizado no debe verse como un problema de corto plazo.

Para la CICR no existen soluciones sencillas. Según Raich, “se requiere de la acción urgente y decidida de gobiernos, sociedad civil y organizaciones humanitarias para mitigar las consecuencias de esta violencia, promover espacios más humanitarios y garantizar una vida digna a las personas afectadas”.

“La lucha contra el crimen organizado tiene que incluir la corrupción como uno de sus delitos, porque como hemos visto en los grandes casos recientes, estos son trasnacionales”, advierte Orozco. Por otro lado, Alda Mejías recomienda el reforzamiento estatal en general y, particularmente, del sistema institucional de seguridad, “bajo los criterios de transparencia y control propios de un Estado democrático”. Sin embargo, aclara que, hasta el momento, los Estados latinoamericanos han recurrido a las fuerzas armadas como medida principal para combatir la criminalidad. Pero la implantación de estas “políticas meramente punitivas y militarizadas no deja de tener implicaciones que redunden en la debilidad estatal”.

En 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que la educación puede ser clave a largo plazo para reducir la violencia debido a que permite fortalecer habilidades que crean resistencia al delito y la victimización, además de aumentar las oportunidades de empleo.

Justamente Rivera recomienda tener claro que no se trata de un problema coyuntural que se puede resolver de un día para otro, y que la solución va a tomar décadas. Al final, como dicen los expertos, hay que reconocer que el problema de la criminalidad no es pasajero, sino que tiene un carácter estructural y transfronterizo que requiere de la voluntad y la coordinación de los países afectados. Estos deben tomar medidas urgentes pero muy de fondo, porque la situación tiende a crecer sin control, lo que, en el fondo, es una amenaza para la propia existencia de sus sociedades.

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Este contenido es realizado por CONNECTAS y publicado en alianza con Unisabana Medios.