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Patrullan las calles contra el crimen, ejercen ministerios no relacionados con la milicia, asumen funciones civiles… Años después de la época de las dictaduras, los militares siguen ejerciendo un poder desproporcionado en América Latina, aunque con una nueva filosofía. ¿Las nuevas tendencias políticas del continente favorecen este fenómeno?
Por: Grisha Vera Cuando era candidato, Andrés Manuel López Obrador criticaba el rol de los militares en la guerra contra el narcotráfico y prometía sacarlos de las calles de México. Pero en el transcurrir de su gestión solo les ha dado más poder. En 2019 eliminó la Policía Federal y en su reemplazo creó la Guardia Nacional, a la que integró en un 80 por ciento por militares. Y en agosto pasado informó que el nuevo cuerpo dedicado a combatir el delito dejaría de estar bajo el mando civil y pasaría a la Secretaría de Defensa.
Esa última medida, que todavía no se ha materializado, es apenas una de tantas que han aumentado el poder y la influencia de los militares en la gestión pública de ese país. De hecho, López Obrador incluso les ha encargado el desarrollo de construcciones y la posterior administración de algunas obras.
El caso de México es apenas un ejemplo. En los últimos años, en algunos gobiernos de América Latina existe la tendencia de aumentar el poder económico y social de los militares, al atribuirles funciones distintas a la defensa. En Cuba y Venezuela manejan los sectores más importantes de la economía. En Brasil, militares activos y retirados han liderado ministerios. En El Salvador la ampliación de las funciones de las fuerzas armadas contradice lo establecido en las leyes de ese Estado. El creciente protagonismo de los militares en Latam es peligroso para el buen desempeño de los estados y las democracias de América Latina.
Rut Diamint, experta en seguridad regional y relaciones cívico-militares, resume en tres las razones que provocan una mayor influencia de los militares en el poder político de la región. La primera responde a que tras las dictaduras la transformación del rol de los militares al modelo democrático fue incompleta: “Faltó sobre todo decisión política. Implicaba una serie bastante incómoda de procesos, entre ellos el juicio a los militares que la mayoría de los gobiernos no quisieron hacer porque sentían débiles a los gobiernos o porque tenían temor a levantamientos”, dijo a CONNECTAS.
La segunda proviene de la incapacidad de las instituciones civiles, por ejemplo, para combatir al crimen organizado y controlar a la sociedad durante la pandemia, falencias que las Fuerzas Armadas entraron a suplir. Y el tercer motivo, para Diamint, es el uso partidista de esta institución. “La mayoría de los gobernantes, tanto de derecha como de izquierda, con dificultades para ser reelectos empiezan a confiar en las fuerza armadas como un sostén de su propio gobierno a cambio de prerrogativas, beneficios, premios, recursos…”.
El poder militar se ha transformado. Su protagonismo no hace más que crecer, pero hay que tener en cuenta que las formas son distintas a los tiempos de las dictaduras. “No hay golpes militares, lo que hay es una vinculación muy directa a la toma de decisión política”, asegura Diamint.
Román Ortiz, analista principal del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, coincide: “Hay dos matices que me parece que son importantes. Primero, esa toma de espacios de las fuerzas armadas dentro del Estado incrementa la influencia, pero no necesariamente quiere decir que automáticamente conduzca a que haya un golpe de Estado. El punto número dos es que además ese crecimiento del rol de las Fuerzas Armadas está impulsado por políticos civiles que pretenden reemplazar las debilidades que tienen dentro de su base política con el apoyo de los militares”.
Que no haya amenaza de golpes de Estado no significa necesariamente una buena noticia para la democracia ni para el funcionamiento estatal. Ciertamente las fuerzas armadas cuentan con la estructura y logística para atender problemáticas que rebasan a muchos gobiernos latinoamericanos. Pero la expansión de las funciones no siempre se justifica ni mucho menos es conveniente.
Ortiz explicó a la plataforma de periodismo CONNECTAS que cuando se involucra a las fuerzas armadas en actividades que no tienen que ver con las tareas que le corresponden, pierden su capacidad para cumplir apropiadamente su función de seguridad y defensa. Además, su falta de experiencia en temas no castrenses no garantiza una buena gestión y puede contribuir a debilitar el funcionamiento del Estado.
El experto también señala que esa expansión de funciones puede llegar a ser muy tóxica para las relaciones cívico-militares. Para Ortiz el caso mexicano es un claro ejemplo. Aunque justifica la intervención militar en el combate contra el crimen organizado en ese país, por el enorme poder de algunos carteles, advierte: “No tiene tanto que ver con que los militares tengan un papel más grande, sino que el presidente eliminó el componente civil para hacer tareas a nivel federal. Entonces los militares tienen ahora más peso en la seguridad pública porque ya no existe la Policía Federal”.
Tendencia, pero no norma
En 2021, justo cuando un general retirado del Ejército fue nombrado presidente de Petrobras, la enorme petrolera estatal brasileña, otros 92 miembros de las fuerzas armadas ocupaban cargos directivos en empresas estatales, según reveló Fhola De S.Paulo. Ahora en 2022, el presidente Jair Bolsonaro los ha llamado a garantizar la transparencia de las elecciones por medio de un conteo de votos paralelo. “El Ejército está de nuestro lado”, dijo en el lanzamiento formal de su candidatura a la reelección en el mes de julio. Se trata de una declaración muy preocupante para un presidente-candidato que ha puesto en tela de juicio a la respetada organización electoral brasileña.
En Colombia el presidente Gustavo Petro planteó una nueva estrategia de seguridad consistente en reactivar el diálogo con grupos guerrilleros, reformular el trato hacia los campesinos y la actuación de la Policía ante la protesta social, y, en su aspecto más controversial, lograr el sometimiento de los carteles que operan en Colombia. Para ello pidió a las Fuerzas Armadas convertirse en unas fuerzas para la paz justo cuando anunció a la nueva cúpula militar. Pero a diferencia de gobiernos anteriores, realizó una barrida mucho más numerosa de altos oficiales con lo que, según expertos en seguridad, arrasó con gran parte de la experiencia acumulada de las fuerzas armadas y policiales. Así aseguró el respaldo del estamento militar en un momento de cambio social profundo.
En El Salvador, Nayib Bukele también ha otorgado más recursos y poder a las fuerzas armadas, aún en contra de la Constitución y del Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra civil en los años noventa. Muchos señalan en ese sentido que el presidente se tomó la Asamblea Legislativa en febrero de 2020 acompañado de militares y policías para obligar a los opositores a aprobar un presupuesto para reforzar su Plan de Control Territorial. Este es el ejemplo más claro de la politización de las fuerzas armadas en El Salvador, pero no ha sido el único. Bukele también las usó para imponer la cuarentena en tiempos de covid-19,ha incrementado en 76,8 % el presupuesto militar desde 2019 y prometió duplicar la cantidad de efectivos.
El fenómeno del protagonismo militar en América Latina tiene matices en cada uno de los Estados de la región. “Creo que los tres países que han hecho un intento más fuerte y que les ha funcionado mejor en separar la defensa de las cuestiones de seguridad pública son Argentina, Chile y Uruguay. En Chile fue muy difícil porque la fuerza armada mantenía no solamente poder sino prestigio, cosa que no sucedía en Argentina ni en Uruguay. Entonces la tarea de alejarlo del poder político y de la relación directa con la sociedad fue mucho más difícil”, explica Diamint.
Para Ortiz existe una politización evidente de las fuerzas armadas en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero advierte que no es comparable con los demás países, porque estas naciones no pueden considerarse democráticas. En las demás, explica que el poder que terminan por asumir los militares y su impacto en la gestión del Estado dependerá de qué tan fuertes sean las instituciones democráticas. En algunos casos, piensa, el poder entregado a los militares puede ser reversible.
Sin embargo, apunta: “Yo creo que Bukele es un buen ejemplo de cómo las cosas no tienen reversa, pero no tienen reversa porque la institucionalidad democrática en El Salvador venía en declive, era muy débil y él ha terminado de desmantelarla… De una manera poco nueva: utilizando el problema de seguridad que hay en El Salvador para aumentar una militarización de la seguridad pública, el uso de sistemas completamente arbitrarios para realizar detenciones masivas sin ninguna garantía judicial y acabar con las libertades”.
Pero subraya la diferencia con lo visto en América Latina en los años setenta y ochenta. “No son los militares salvadoreños los que tienen un proyecto digamos político y entonces ocupan el poder, sino que es un político civil el que trae a los militares para utilizarlos en su estrategia para perpetuarse en el poder”. Una gran diferencia.
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Contenido publicado en convenio con Unisabana Medios.
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