.png)
Por primera vez, varios países de la región asisten con una fuerte agenda ambiental a la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático. ¿Hasta dónde marca esto un nuevo comienzo en la protección de una de las zonas más vulnerables del mundo?
Por: Grisha Vera, miembro de la mesa editorial de CONNECTAS
Entre el 6 y el 18 de noviembre, la ciudad balneario de Sharm el Sheij, al sur de Egipto, se convirtió en el escenario de la 27 Conferencia de las Partes, un encuentro mundial anual que se realiza desde 1995 para evaluar el avance de los acuerdos para la lucha contra el cambio climático. En esta oportunidad, la llamada COP27 presenta un nuevo hito para la acción climática en la región pues, por primera vez, este tópico se posiciona como bandera política de tres nuevos presidentes. Se trata del recién electo Lula Da Silva, en Brasil; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Chile, Gabriel Boric.
Este último promulgó la Ley Marco de Cambio Climático, que convierte a la política ambiental en un eje del Estado chileno que abarca transversalmente acciones en 17 ministerios, gobernaciones y municipios.
Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia también con la promesa de cambios en el modelo económico. Lo acompaña un equipo capacitado y con vasta experiencia en esta materia. En la COP27 propuso a los presidentes y gobernantes del hemisferio sur “juntarse en una sola voz” para pedir el canje de deuda por inversión en la acción climática.
Con la reciente victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva, el mundo espera un cambio en la política ambiental de Brasil. En efecto, el gigante suramericano retrocedió en los últimos años, durante la presidencia de Jair Bolsonaro, en el cumplimiento de sus metas climáticas. Y lo peor, aumentó la deforestación de la Amazonía, algo que preocupa al mundo entero.
Lula, en cambio, logró reducir en 80% la deforestación de este pulmón del planeta durante su segundo mandato. Y durante la campaña prometió que su gobierno avanzaría en las acciones necesarias para llevar a cero las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación en la Amazonía.
Estas propuestas abren las puertas a nuevas oportunidades de financiamiento y a la posibilidad de lograr líneas comunes que permitan coordinar esfuerzos en la región contra el cambio climático, apuntan tres expertas en la materia. Pero lograrlo supone una transformación institucional y del modelo económico de gran parte de los países. Un verdadero reto para las frágiles instituciones de América Latina.
La gestión de una urgencia global
La crisis sanitaria provocada por la pandemia y, ahora, la crisis energética generada por la invasión de Rusia a Ucrania han retrasado la acción climática a nivel mundial. Lo afirma Climate Action Tracker (CAT), un análisis científico independiente que rastrea la acción climática de los gobiernos frente a las metas del Acuerdo de París, un pacto mundial dirigido a poner freno al calentamiento global. El CAT también agrega en sus análisis que cuando adoptaron el Acuerdo de París, los gobiernos sabían que sus objetivos nacionales no eran suficientes para limitar el calentamiento global. Por eso, se comprometieron a revisar sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) y aumentar su ambición.
En América Latina y el Caribe 22 países han actualizado estas metas. El CAT analizó siete de estas y encontró que los nuevos objetivos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú son más fuertes, aunque aún los esfuerzos no son suficientes para alcanzar la meta de mantener en 1,5 grados Celsius el calentamiento global para 2023. En contraste México y Brasil no aumentaron su ambición.
Sandra Guzmán, fundadora y coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, reconoce el avance en el planteamiento de los objetivos nacionales, pero advierte que muchos países tienen aún grandes dificultades para desacoplar sus economías del extractivismo. Por ejemplo, señala que las actividades intensivas de carbono representan 35% de los ingresos en Ecuador y 24% en México.
Y lo mismo ocurre con los gastos, señala la experta. El 19% del presupuesto en Bolivia se asocia a la producción de petróleo y gas, mientras México invierte el 16% de su presupuesto en actividades intensivas en carbono. Estos presupuestos contrastan con los recursos destinados a las actividades para combatir el cambio climático. Para Guzmán, “por ejemplo, Cuba es el único país que del total de su presupuesto gasta más de 5% en temas asociados al cambio climático, es decir, a la transición energética y al manejo de desastres naturales. La mayoría gastan menos del 1% de su presupuesto público en temas de sostenibilidad”, según dijo a CONNECTAS. La experta soporta su análisis en los datos que aporta el Índice de Finanzas Sostenibles, una herramienta que monitorea los ingresos y egresos nacionales e internacionales relacionados con este tópico.
Entre los retos y las oportunidades
Guzmán recuerda que América Latina no es la principal destinataria del apoyo internacional. “Pero estos mensajes —los de Petro, Lula y Boric— sí que mandan una señal de que hay un interés de avanzar en estas agendas y eso por supuesto va a tener un impacto en la negociación y en el financiamiento. Es decir, los actores donantes y otros mecanismos financieros van a voltear a ver más a estos tres países, ya lo están haciendo y esto sí va a tener un impacto importante tanto en la agenda climática como en la de biodiversidad”.
Además agrega que el hecho de que estos tres presidentes ya hayan enviado esas señalesva a servir para que otros países tiendan hacia estas agendas. “El caso de México para muchos es particularmente interesante porque el gobierno actual no necesariamente ha sido un gobierno en pro de las políticas climáticas. En un año y medio serán las elecciones y se espera justamente que esta influencia política también afecte o impacte lo que suceda en México, de tal manera que se busque un candidato o una candidata que tenga una agenda en pro del cambio climático”.
Y no es un hecho menor que los gobiernos latinoamericanos prioricen en sus agendas la acción climática. María Laura Rojas, directora ejecutiva de Transforma Colombia, explica que América Latina es la única región que no negocia en bloque en el proceso internacional. “Eso juega en contra de que la región tenga un mayor poder de negociación”.
Para Rojas es posible una línea común en América Latina. “A pesar de las diferencias que hay sobre los combustibles fósiles, la región se puede cohesionar. Hay muchas prioridades y retos compartidos. Este contexto permite replicar y cooperar. Necesitamos que la región se organice y establezca unas prioridades para que tenga una presencia clara a nivel internacional y unas líneas de trabajo a nivel regional que permitan avanzar de manera colectiva”.
Lorena De La Puente Burlando, estudiante de doctorado en Medio Ambiente y Sostenibilidad en la Universidad de California, apunta otra oportunidad, ya no vista desde los nuevos liderazgos sino desde las riquezas naturales de la región. Y es que América Latina cuenta con litio y cobre, dos de los minerales que necesita el mundo para la transición a energías limpias. “Entonces por un lado ayudamos a mitigar la absorción del carbono con la Amazonía y también tenemos recursos naturales esenciales para permitir que globalmente transitemos a estas fuentes limpias”.
Sin embargo, advierte: “La crisis climática demanda que no repliquemos los mismos errores que nos han traído a este problema para buscar su solución. Con esto quiero decir que hay muchas expectativas hoy en día en torno a lo que va a suceder con los minerales estratégicos como el cobre y el litio, que van a ser fundamentales para construir las nuevas tecnologías de energía limpia. Pero no podemos asumir que vamos a continuar una lógica extractivista para colgarnos de estos”.
La experta subraya que no se puede tener una mirada a largo plazo sobre la explotación de estos recursos porque los ciclos mineros no duran para siempre. Pero, advierte: “No hay que asumir que tenemos que crear zonas de sacrificio para fundamentar nuestro crecimiento económico o para facilitar la transición energética global. Hay que encontrar formas propias e innovadoras de fiscalizar mejor a la minería, de tener estándares muy altos en términos ambientales, sociales y de gobernanza participativa que le permitan a las personas que viven en estas localidades mineras decidir sobre su futuro. Tenemos que aceptar que va a haber contextos en los cuales la minería sencillamente no se puede permitir porque significaría la destrucción de ecosistemas o de modos de vida. Porque existan esos recursos no necesariamente tenemos que explotarlos”.
Las expertas coinciden en la necesidad de una política integrada de la transición. No se trata de un tema únicamente ambiental, sino que atraviesa toda la economía, las instituciones y la construcción de un verdadero desarrollo sostenible.
Guzmán además apunta que no solo es necesario que las economías se desacoplen de los combustibles fósiles, sino que realmente logren generar nuevos mecanismos para generar ingresos mediante la regulación de políticas. “Creo que Boric, Petro y Lula no la van a tener fácil, a nivel nacional también tienen oposición. Pero el hecho de que ya estén mandando una señal internacional va ayudar mucho a alcanzar los objetivos. Pero la pregunta de fondo es si lo van a lograr de manera estructural”.
Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar aquí.
Este contenido se publica en alianza
con Unisabana Medios.
Comments